Los investigadores sospechan que el Canal pagó en Panamá 40 millones en comisiones por Inassa

Los investigadores del caso Lezo, que siguen el rastro del dinero de la compra de la sociedad de aguas colombiana INASSA por el Canal Isabel II, barajan la cantidad de 40 millones de euros como la cifra que pudo desviarse para el pago de comisiones a través de sociedades offshore panameñas. Todo indica que ese dinero se desvió a cuentas bancarias de Panamá y, desde allí, a sociedades de otros paraísos fiscales, según señalan a OKDIARIO fuentes jurídicas.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la ayuda de la Procuraduría colombiana, siguen el rastro del dinero público que desembolsó el Canal en América tras obtener el visto bueno de la Comunidad de Madrid, entonces regida por Alberto Ruiz-Gallardón.

OKDIARIO ha podido saber que la UCO ya ha detectado algunos movimientos monetarios que podrían poner en evidencia a ex políticos y empresarios españoles.

En Panamá fue donde los propietarios colombianos de INASSA, con el visto bueno de la empresa pública madrileña, constituyeron en 2000 la offshore Sociedad de Aguas de América (SAA) para pivotar con garantías la operación de compra-venta. De esa manera, los protagonistas de la intermediación se aseguraban la opacidad que requería una adquisición de tales características

El anterior titular del juzgado de la Audiencia Nacional, el magistrado Eloy Velasco, que instruyó la causa de la operación Lezo, ya en el auto de prisión de Ignacio González y otros imputados, señaló que “el Canal invirtió en Extensia/Canal unos 100 millones de euros, en una sociedad cuyo valor societario sería muy menor, rondando los 30 millones”.

Una operación «fraudulenta» 

La Justicia sigue investigando con la ayuda de los fiscales colombianos dónde ha podido parar parte todo ese dinero, en una operación que ha sido calificada, judicial y policialmente, como “fraudulenta”.

El propio Velasco, en la actualidad destinado en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, señalaba en su auto judicial que se había producido una “supuesta malversación de fondos públicos empleados en la compra de INASSA en el año 2001”. El magistrado aseguraba que el Canal invirtió en Extensia unos 100 millones de euros, en una sociedad, según él, cuyo valor societario no alcanzaba su décima parte.

En el sumario de la operación Lezo figuran las palabras que los agentes de la UCO de la Guardia Civil pudieron grabar en una cafetería de un hotel de Madrid al ex presidente de INASSA, Edmundo Rodríguez. El empresario, que se hizo con el control de la empresa pública tras la llegada de Esperanza Aguirre al gobierno de  la Comunidad de Madrid en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón, confesaba a su interlocutor que la compra de INASSA había sido un “robo de 25 millones”.

Según fuentes de la investigación, Edmundo Rodríguez se quedó corto en el cálculo porque las cuentas que baraja la Audiencia Nacional elevaría la cifra del saqueo en casi el doble, en unos 40 millones.

Lo que provoca rubor a los investigadores es que algo que había costado en mayo de 2001, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros, al cambio de la época) -esa era el precio real de INASSA- pasaba a valer en febrero de 2002, 73 millones de dólares (83 millones de euros). En tan sólo nueve meses el precio se multiplicaba por diez sin ninguna condición objetiva que lo justificara.

Las ‘offshore’ dificultan el rastreo 

Lo que la Gerencia de la empresa pública madrileña había presentado ante los ciudadanos de la capital como una bicoca de negocio, finalmente, obligó al Canal a afrontar una inversión de más de 100 millones de euros. A los 83 millones de la primera fase de la operación habría que sumarle otros 26,5 por la recompra de acciones y dos ampliaciones de capital.

El entonces gerente del Canal, Arturo Canalda, actualmente presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, aseguró ante la Asamblea de Madrid que había comprado la colombiana INASSA sin la obligación de realizar inversiones ni el compromiso de subrogaciones crediticias. En su comparecencia ante los diputados madrileños, el 18 de diciembre de 2001, afirmó: “Es un negocio seguro y maduro que permite ser la plataforma para nuevos proyectos en el área”.

El desembolso se realizó a través de SAA, una sociedad offshore que los vendedores habían constituido el paraíso fiscal de Panamá en marzo de 2000, única y exclusivamente, para fraguar la operación económica. Sin duda alguna, se buscaba opacidad para ocultar las comisiones millonarias y eludir el pago de impuestos. La offshore panameña fue desmontada el 20 de febrero de 2002, una vez consumada la compra. SAA desapareció del registro de Panamá así como el rastro de las transferencias de los diferentes pagos.

Sin duda alguna, esa es la mayor dificultad a la que se enfrenta la UCO durante sus pesquisas: poder plasmar la trazabilidad de los movimientos del dinero. Principalmente, cuando se enfrenta a la existencia de cuentas que están abiertas a nombre de sociedades offshore y en las que sólo figuran abogados panameños que hacen de administradores/pantalla.

El Consejo de Administración del Canal Isabel II y la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid también contribuyeron a esa opacidad. Ambas instituciones ocultaron la existencia de la offshore durante las sesiones de la aprobación de la compra. En ninguna de las actas de los máximos órganos directivos del Canal ni de la CAM figura la panameña Sociedad de Aguas de América como la verdadera propietaria de las acciones de INASSA y la instrumental que recibió realmente los pagos desde Madrid.

De la lectura del Acuerdo del Consejo de Administración del Canal del 14 de noviembre de 2001 se puede extraer que no se hizo ninguna mención a SAA para no dificultar la compra. Quince días después, sucedió lo mismo en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que autorizó la adquisición de 6.061.568 acciones de INASSA, lo que suponía un desembolso de 73 millones de dólares, equivalente a 83.067.819,75 euros,  por el 75% de la empresa.

El Gobierno madrileño, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, autorizó al Canal a suscribir un primer crédito a largo plazo por un importe máximo de 51.100.000 dólares USA, equivalentes a 58.147.473,83 euros.

Pacto de silencio

Los agentes de la Guardia Civil, tras una investigación exhaustiva de varios meses, concluyen que durante todo el proceso de compra existió una plena complicidad para no incomodar a los vendedores. Es una conclusión a la que también llegaron los despachos de Garrigues y Cuatrecasas, que elaboraron sendos informes sobre las irregularidades en el proceso de adquisición.

Ahora los tribunales investigan adonde ha podido ir una parte disponibilidad para que la operación de compra-venta se llevara a cabo. Todos los ejecutivos intervinientes en el proceso claudicaron ante las imposiciones de los propietarios de INASSA: “Existía como un pacto de silencio para que aquella compra se consumara a toda costa, incluso cuando los colombianos y sus socios españoles imponían condiciones leoninas. Y aquello tampoco era la traída a Europa de Disneyworld. Cedieron en todo como si lo único que interesara era dar el pelotazo”, se queja a OKDIARIO una fuente de la investigación.